Contamos con un gremio que cuenta con la experiencia humana y técnica para hacer de la comunicación un instrumento efectivo para consolidar la paz. Pero para lograrlo debemos fortalecernos institucionalmente. Dos décadas de trabajo en concertación, mejoramiento de contenidos, capacitación y asesoría legal y técnica, nos permiten dan el paso hacia un nuevo horizonte.
Estamos pasando de los tiempos de responder a las demandas de los gobiernos y las dificultades de todos orden, para iniciar un trabajo en que nosotros debemos poner el plan de trabajo para provechar la incidencia, mejorar la calidad de nuestras radios, aumentar la participación ciudadana y garantizar el acceso de todos los colombianos y colombianas a una comunicación de calidad y accesible.
Son muchos los retos que debemos afrontar y tal vez el más perverso sea la manera como han sido utilizadas las radios para intereses mezquinos, mientras nosotros debíamos luchar día a día para sobrevivir muchos lograron lucrarse política y económicamente de nuestra labor.
Las radios han sido instrumentalizadas tanto por políticos como por comerciantes. Los primeros aprovechando la penetración, incidencia y cercanía que nuestras radios proporcionan, han generado un entramado de presiones desde las económicas, hasta los engaños con promesas incumplidas o amenazas y agresiones físicas.
Pero también ha sido utilizada para fomentar negociaciones inequitativas, tal es el caso las centrales de medios (es famoso el ejemplo de Market Medios propiedad de la familia Prieto) que reciben a nuestro nombre pautas publicitarias y se quedan con más del 80% de las mismas.
Muchas entidades públicas producen sus programas radiales, pagando creativos y equipos profesionales que no están vinculados a nuestro gremio y además no tienen en cuenta el presupuesto para la emisión y el seguimiento de sus programas de radio.
Esta instrumentalización de las radios comunitarias por parte de entidades públicas, privadas y en algunos casos apoyadas por la cooperación internacional, se convierten en un camino hacia la ruptura de nuestro gremio y el uso de los recursos no para las radios sino para los intermediarios y sus aliados.
Pero nuestro interés va mucho más allá del tema económico, El artículo 20 de la constitución nacional, generó expectativas y esperanzas de que el derecho a la comunicación se convertiría en uno de los acicates de la democracia. En un país donde la exclusión y la manipulación de la información han sido causantes de violencia, odios y estigmatización.
Pero 27 años después los avances reales de este derecho a fundar medios masivos de comunicación, se han ido diluyendo. Especialmente en los últimos 4 periodos presidenciales. La coincidencia de este logro democrático con el avance de las telecomunicaciones creó una nueva mirada hacia las posibilidades del espectro radioeléctrico. No fue la profundización de la democracia, ni el acceso a más y mejores condiciones de comunicación por parte de las poblaciones excluidas. Al contrario la ambición, el ánimo de lucro y la defensa de intereses creados, fueron la base de los cambios llevados a cabo por los gobiernos tanto de Álvaro Uribe como de Juan Manuel Santos.
El ministerio de Comunicaciones cambió por el MINTIC, abandonó su papel de promotor de nuestra diversidad y se convirtió en un administrador de recursos de telecomunicaciones. Ministros y viceministros interesados en ayudar a sus viejos empleadores (Telefónica, Claro, América Móvil, entre otros) construyeron toda una institución al servicio de los operadores y cada vez más alejada de los usuarios, los públicos, la cultura y la democracia.
Ni el legislativo, ni el ejecutivo, tomaron en serio este ascenso de los tecnócratas en nuestras comunicaciones. Un reducido grupo de colombianos y colombianas hemos tratado por todos los medios que nos brinda la democracia, de hacer entrar en razón a los responsables de las comunicaciones. Han sido inútiles cientos de reuniones pues para los ministros y para sus funcionarios, el problema de las comunicaciones resulta incomprensible, dado que, los cargos de responsabilidad están todos en manos de ingenieros y de abogados, la buena fe de estos empleados públicos, choca con una estructura ministerial levantada como un muro contra la democracia, la participación y el derecho a las comunicaciones.
Por ello uno de nuestro propósitos estratégicos es persuadir a los legisladores y al futuro presidente, de hacer efectivo el derecho a las comunicación o mantenernos como el país más inequitativo del todo el continente. Lugar desafortunado al cual nos llevó el gobierno de presidente Santos al cerrar 278 radios y no hacer apertura de ninguna convocatoria para nuevas frecuencias. También el gobierno de Uribe al incluir costos lesivos para el sector, todos ellos inapropiados y sin sentido:
- Aumento del costo de contraprestaciones (RUC), en más de 500% (2002)
- Creación del costo por estudio de irradiaciones (DCER) el cual, se demostró desde un inicio, era un negocio particular sin ninguna necesidad. (2004)
- Contratos multimillonarios para perseguir a las emisoras comunitarias, con procedimientos que inducen al error y manipulan la buena fe de los concesionarios. (2012 al 2017)
- Por último, han sido 16 años de sanciones, multas e intereses que están en niveles de usura y cuyas condiciones de pago constituyen una forma de censura.
Consolidar la paz en Colombia, necesariamente pasa por perfeccionar su democracia y hacer de la libertad de expresión en camino del diálogo y del derecho a la comunicación una herramienta de todos los ciudadanos y ciudadanas. Con las condiciones adecuadas para el ejercicio de este derecho tendremos acceso a la educación y a los servicios vía internet; mejora en la comercialización de los productos; acceso a información y formación adecuada técnica, social y ambientalmente; superación de las estigmatizaciones gracias a la posibilidad de que nos escuchemos todos y todas.
Las anteriores son apenas algunas de las bondades de la comunicación en un momento en el cual el dividendo digital, sigue siendo vorazmente consumido por empresas privadas, mientras las comunidades estamos cada vez menos comunicadas y más aisladas.
Nuestro plan quinquenal coincide con el nuevo periodo presidencial y legislativo (2018 – 2022), estos años nos deben consolidar la paz y una democracia fuerte y generosa. Para ello la Federación Colombiana de Medios Comunitarios invita a la reflexión y a la acción en favor del derecho fundamental a la comunicación.
- Reformar el ministerio de las TICS
- Fortalecer su papel en las áreas de comunicación social, creando un viceministerio de derecho a la comunicación.
- Promover el acceso justo a los bienes y servicios digitales, la equidad en el uso del espectro radio eléctrico, incluyendo comunicadores con experiencia en derecho a la comunicación en todas las áreas misionales.
- Activar un comité asesor de medios comunitarios ampliando su cubrimiento a todos los servicios de telecomunicaciones.
- Promover una ley de medios que incluya:
- Amnistía que permita a los municipios de Colombia que perdieron sus radios, la devolución de la concesión.
- Consagrar la limitación al uso del espectro para evitar los monopolios y separar el 33% para uso comunitario y pluriétnico en todos los servicios radioeléctricos.
- Creación de una instancia de control independiente, democrática y con funciones legislativas que permita velar por el buen uso del espectro y proyectar las comunicaciones en un entorno democrático y en paz.
- Garantizar la sostenibilidad de los medios comunitarios, mediante el acceso a la pauta oficial y al fondo para el desarrollo de las comunicaciones.
El miedo a la democracia solo nos ha traído guerra y dolor. Los 20 años de radio comunitaria, nos dan la experiencia para asegurar que somos un instrumento que contribuye a la paz. Aún en medio de las dificultades, la persecución y la asfixia económica, hemos logrado hacer un aporte generoso, efectivo y genuino.
Esta transformación necesaria de la política pública, debe ir acompañada de esfuerzo profundos por parte de la sociedad civil. Específicamente de nuestra Federación y de SIPAZ, a fin de garantizar que el acceso y uso del espectro radioeléctrico cumpla a cabalidad con los propósitos de democratización de la palabra, la producción de los contenidos y la circulación de información útil a la paz, la equidad y la democracia
Para ello este plan estratégico contempla cuatro programas de trabajo, cada uno de ellos se subdivide en proyectos que convergen en la tarea de construir una radio y una comunicación al servicio de la paz.