Según el senador Roy Barreras, del Partido de la U, de lo que se trata es que esos ocho millones de colombianos abstencionistas ayuden a mejorar la democracia colombiana y a limpiar las malas costumbres electorales. Ese fue el principal argumento para que la Comisión Primera del Senado decidiera incluir en el proyecto de reequilibrio de poderes el voto obligatorio durante los tres próximos períodos electorales, es decir, 12 años, lo que incluiría los comicios a la Presidencia, el Congreso y de autoridades locales y regionales.
Una discusión de grueso calibre, sin duda, que ya ha sido abordada, sin éxito, en el pasado. Y es que según quienes comulgan con esta idea, los colombianos son indisciplinados a la hora de acudir a las urnas, algo que seguramente se acrecentará teniendo en cuenta que la misma iniciativa de reequilibrio de poderes plantea la eliminación del voto preferente y establece la lista única y cerrada.
“Si seguimos con partidos debilitados, anarquizados, con canibalismo interno como consecuencia de la figura del voto preferente, tenemos que ir hacia un sistema mucho más fuerte de partido, porque partidos débiles no hacen un congreso fuerte. Podemos introducir todas las reformas que queramos pero si no logramos avanzar en esa materia no tenderemos un Congreso independiente y autónomo”, dijo sobre ese punto de la lista única y cerrada el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Y frente a ese panorama de apatía, a lo que se suma el hecho de que en muchas regiones del país la gente se acostumbró a vender el voto y si no se los compran pues no votan, en el Congreso creen que imponer la obligación servirá para concientizar al país. “Tendremos la garantía de que los ciudadanos que no votan por distintas razones, no venden su voto y por tanto éste será libre, independiente y que legitime aún más las instituciones colombianas”, explicó Roy Barreras.
Por ahora, se trata del primero paso, pues la mencionada reforma debe cumplir dos vueltas (ocho debates) en el Congreso de la República. Y aunque se habló de un “voto pedagógico”, que además contiene estímulos positivos para quienes participen del proceso electoral, todavía falta definir qué tipo de sanciones se establecerán a quienes no acaten la norma.
El tema tiene detractores y seguidores. Hay quienes creen, por ejemplo, que esa no es la solución a los problemas de clientelismo y corrupción electoral. “Varios estudios apuntan a que el abstencionismo es una característica estructural de toda democracia electoral y por lo tanto la cacareada ‘crisis democrática’ que se deduce de él solo sería el resultado de una mala lectura del fenómeno. Rudy Andeweg, por ejemplo, sostiene que ‘el estudio empírico comparado de las democracias occidentales muestra que el interés de los ciudadanos por la política no baja, que el abstencionismo varía en función de los tipos de escrutinio pero no baja de manera significativa para las elecciones legislativas nacionales y que la desconfianza solo se expresa hacia los partidos políticos o el personal político pero no con respecto a la Constitución o la democracia’”, dice el abogado y politólogo José Fernando Flórez.
Y, en este sentido, mucho consideran que el voto obligatorio es una medida antidemocrática que anula la libertad de abstenerse como opción política legítima de quienes no creen en la democracia. “Cuando la democracia hace del voto una obligación en lugar de un derecho, cae en el juego del totalitarismo porque se impone ante el ciudadano como ‘el mejor gobierno’, el único válido, cancelando cualquier posibilidad de disentir de él. Esto es filosóficamente grave si se tiene en cuenta que el valor supremo que informa la ‘democracia liberal’ es justamente la libertad”, agrega Flórez.
En otras palabras, el dilema se plantea en el sentido de si el voto es un derecho o un deber. Para Daniel Bello, analista peruano e investigador del Instituto de Estudios Internacionales (INTE), fundador y editor de la revista ‘Encrucijada Americana’, la obligatoriedad del voto, más allá de hacer de un deber moral uno legal, permite nivelar la cancha, evitando que ciertos grupos sociales monopolicen el poder político, cosa que de hecho ocurre con el voto voluntario.
“El debate teórico e ideológico da para todo, hasta para no ver en el voto un derecho (quizá en alguna olvidada caverna). Por lo mismo, creo que la discusión debe centrarse más bien en los efectos prácticos que la obligatoriedad y la voluntariedad tienen sobre el sistema político, sobre los procesos eleccionarios, y sobre la vida en comunidad”, escribió en un artículo en el portal ‘El Quinto Poder’ de Chile. Su conclusión es que el voto es un derecho y un deber, y la obligatoriedad “contribuye a la imperecedera lucha por una sociedad más justa e igualitaria”.
El debate apenas comienza, pero ya hay quienes ven detrás de la decisión de incluir el voto obligatorio en la reforma de reequilibrio de poderes una ‘jugada maestra’ del gobierno Santos de cara a la refrendación de los eventuales acuerdos que se firmen con las Farc en los diálogos de La Habana. Como se sabe, se ha hablado de un referendo, una figura que necesita de un umbral de votos para su aprobación. Y con la obligatoriedad del sufragio, ello quedaría garantizado.
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