Cuatro de las seis comunidades pilotos que durante años han sido víctimas de la violencia perpetrada a manos de los grupos armados ilegales han presentado sus planes de reparación colectiva ante los respectivos gobiernos locales.
La OIM, en colaboración con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), ha diseñado el enfoque de reparación colectivo y ha trabajado junto con las seis comunidades piloto en la elaboración de un borrador de cada uno de los planes de reparación colectiva.
La primera de estas comunidades, El Salado, en el departamento septentrional de Bolívar, ha estado sometida a las incursiones, hostigamientos y amenazas de los grupos de la guerrilla desde 1997. En 2000, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llevó a cabo una de las masacres más cruentas de la historia del conflicto colombiano, acabando con la vida de 60 personas. La violencia ha afectado profundamente la vida cultural, social y económica de esta comunidad.
La segunda es la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, de 650 miembros, creada en 1987 y ubicada en el departamento de Santander, al noreste del país. Este grupo ha obtenido reconocimiento internacional por su resistencia pacífica a la violencia infligida por los grupos armados, incluidas masacres, desplazamientos de masas, reclutamiento forzado y cultivo y procesamiento de coca.
La tercera, Libertad, es una comunidad afrocolombiana situada en el departamento septentrional de Sucre. Desde 1995, ha estado sometida al aislamiento debido a la acción de los grupos de autodefensa, quienes, durante años, han cometido actos de violencia sexual, tortura, aislamiento y restricciones del libre desarrollo cultural.
La cuarta es la comunidad de El Tigre, en el departamento de Putumayo. Esta región de la selva en la parte meridional del país ha sido, desde principios de la década de 1980, un corredor estratégico para el tráfico de drogas. Además, la presencia continuada de los grupos guerrilleros la ha estigmatizado como una ciudad pro guerrilla. Como represalia, los grupos de autodefensa entraron en ella el 9 de enero de 1999 y, tras reunir a todos sus habitantes en la plaza pública, distribuyeron números al azar entre cada uno de ellos y asesinaron a aquellos que recibieron las papeletas seleccionadas.
«Se trata, sin lugar a dudas, de un momento histórico porque no existe ningún otro país en el mundo en que las reparaciones colectivas se hayan llevado a cabo con la misma profundidad y exhaustividad que en estas seis primeras comunidades en Colombia. El hecho de que ella mismas hayan asumido sus derechos a la reparación mediante la concepción en equipo de medidas específicas que se ajusten a sus necesidades es un motivo de orgullo», afirma el jefe de la misión de la OIM Marcelo Pisani.
La Ley de Justicia y Paz de 2005 contempla la reparación colectiva como uno de los mecanismos para otorgar reparación a las víctimas. Para el cumplimiento de esta disposición, la OIM, con la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha brindado su apoyo a la CNRR desde 2007 para la definición y la implantación de un plan colectivo de reparación a nivel nacional.
Desde 2007, la OIM ha asignado los US$1,258 millones concedidos por USAID, entre otras actividades, a la reforma o construcción de necesidades básicas e infraestructuras en las antedichas comunidades piloto. Una vez establecidas las instalaciones sanitarias y educativas, así como la seguridad alimentaria, las comunidades se encontraron en la medida de comenzar a redactar el borrador de los planes de reparación colectivos.
Las comunidades pilotos han propuesto una serie de proyectos destinados a reactivar la economía de la región, reparar las infraestructuras públicas, incluidos los espacios culturales y recreativos, y desarrollar actividades en honor de la memoria histórica.
Entretanto, se lleva a cabo la realización de una evaluación para establecer las comunidades más afectadas por la violencia de los grupos armados ilegales. Los hallazgos preliminares han identificado a 100 municipios que han sufrido graves daños colectivos. Según cifras gubernamentales, 332.000 personas han solicitado la reparación individual.
A fecha de 31 de marzo de 2011, la cifra oficial de desplazados internos en Colombia asciende a 3.648.315.
La experiencia adquirida mediante este proceso se incluirá en el Plan Institucional de Reparación Colectiva, el cual ha de servir de base de la política nacional. Éste, junto con los seis planes piloto de reparación colectiva, será presentado al gobierno nacional en julio de este año.
«Resulta fundamental mostrar clara y concluyentemente que en Colombia existen instituciones con la voluntad política de devolver a las víctimas lo que han perdido como ciudadanos y de devolver a las comunidades a la situación de progreso que tenían hasta que se convirtieron en víctimas de la violencia a manos de los grupos violentos», afirmó la Comisionado de la CNRR, Ana Teresa Bernal.
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